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PROFEPA informa que un Juzgado federal, en el estado de Querétaro, dictó sentencia en la primera acción judicial promovida por esta Procuraduría conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
+ Acuerdo de justicia alternativa permite resolver la controversia; PROFEPA solventa dos procedimientos sancionatorios.
+ 9 millones de pesos en acciones pro ambiente.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informa que un Juzgado federal, en el estado de Querétaro, dictó sentencia en la primera acción judicial promovida por esta Procuraduría conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LEFRA).
La sentencia de fecha 12 de diciembre de 2017, del Juez Primero de Distrito y Juicios Federales con residencia en el Estado de Querétaro, reconoció la eficacia de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia ambiental.
El conflicto inició en diciembre del 2013, cuando la empresa RESIDENCIAL BALVANERA habiendo informado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) el impacto ambiental que realizaría al remover vegetación forestal en un predio ubicado en Querétaro, se desistió del trámite de la autorización forestal. No obstante, las obras del proyecto se ejecutaron a cabo en violación a la legislación ambiental.
Por tal razón, la PROFEPA practicó visitas de inspección al desarrollo ubicado en el Municipio de Corregidora, Querétaro, donde encontró que las actividades inmobiliarias ya habían iniciado sin permiso, sin realizar un programa de rescate y reubicación de especies de la vegetación afectada y sin pagar medidas compensatorias, por lo que se ordenó la suspensión total temporal del proyecto.
La empresa optó por desacatar dicho mandamiento para concluir la ejecución de las obras en el sitio inspeccionado, por lo que inició la comercialización de departamentos y lotes construidos en el predio.
Ante el reiterado incumplimiento de la inspeccionada y el desacato a las medidas de seguridad ordenadas, en noviembre de 2016, la PROFEPA aplicó el Protocolo de Responsabilidad Penal y Ambiental previsto para estos casos.
Por ello, se iniciaron dos procedimientos administrativos sancionatorios, se dio vista al Ministerio Público y, por primera vez en el país, la institución ejerció la acción judicial por daño ambiental prevista en la LEFRA.
El 22 de febrero de 2017 se ejecutó un embargo precautorio ordenado por la autoridad judicial por la cantidad de $48,020,000.00, travándose sobre un terreno de 86 hectáreas y sus construcciones.
La legislación forestal prevé que el cambio de uso de suelo en terrenos forestales solo puede ser autorizado de manera excepcional, cuando se prevea el rescate de especies y su adaptación al nuevo hábitat, y siempre que se deposite un pago compensatorio al Fondo Forestal Mexicano.
Además, prevé también que toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los recursos forestales, los ecosistemas o sus componentes, estará obligada a repararlo en términos de la LEFRA.
La PROFEPA y la Empresa utilizaron los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en el Título Segundo de la LEFRA, que señala que “toda persona tiene el derecho de resolver las controversias jurídicas y sociales que se ocasionen por el daño al ambiente, a través de vías colaborativas en las que se privilegie el diálogo y se faciliten las alternativas de solución que resulten ambiental y socialmente más positivas”.
El acuerdo entre autoridad ambiental y la empresa se presentó al Juez federal, quien validó y dictó sentencia donde la empresa se compromete a someter el proyecto ante la SEMARNAT y compensar el daño, o en su defecto a repararlo en términos de ley.
Asimismo, se aplicarán 3 millones de pesos en reforestación; 3 millones en la recuperación de un río; 2 millones serán destinados al Fondo de Responsabilidad Ambiental, y la empresa invertirá 1 millón más a través del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), con el cual se evaluará toda la operación del proyecto a través de auditores externos. Todas las obligaciones de la empresa fueron garantizadas mediante una fianza.
Finalmente, la PROFEPA impuso sanciones adicionales por un monto de $1,637,932.00, con estas acciones la PROFEPA reitera su compromiso de asegurar que todo daño al medio ambiente sea debidamente reparado, al utilizar la diversidad de recursos legales disponibles, incluidos los establecidos en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
