La conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre de 1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron en la plaza del Trocadero, en París, donde en 1948 se había firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre.

Los ahí reunidos proclamaron que la pobreza es una violación de los derechos humanos, y afirmaron la necesidad de aunar esfuerzos para garantizar su respeto. Estos principios están inscritos en una losa conmemorativa que se descubrió aquel día y de la que se han hecho réplicas en otras partes del mundo, incluida una ubicada en el jardín de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Desde entonces, personas de toda condición, creencia y origen social se reúnen cada año ante estas placas para renovar su compromiso y mostrar su solidaridad con los pobres.

Más de 30 años después, la Asamblea General de la ONU proclamó el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (2018-2027). También consideró que el tema del Tercer Decenio, al ser revisado en su septuagésimo tercer período de sesiones, debería ser “Acelerar las acciones globales para un mundo sin pobreza”, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo primer Objetivo es poner fin a la pobreza.

La información disponible al día de hoy es que más de 700 millones de personas, o el 10% de la población mundial vive en situación de extrema pobreza, con dificultades para satisfacer las necesidades básicas, como la salud, la educación y el acceso al agua y saneamiento, por nombrar algunas. La mayoría de las personas que viven con menos de 1,90 dólares al día residen en el África subsahariana. En todo el mundo, el índice de pobreza en las áreas rurales es del 17.2 %, más del triple de los mismos índices para las áreas urbanas.

Una nueva investigación publicada por el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas advierte que las consecuencias económicas de la pandemia mundial podrían incrementar la pobreza en todo el mundo hasta afectar a 500 millones de personas más, o lo que es lo mismo, a un 8% más de la población total mundial. Esta sería la primera vez que la pobreza aumentara en todo el mundo en 30 años, desde 1990.

“Miremos lo que le ha pasado a nuestro mundo: un virus lo ha derrotado. A más de un año y medio de que todo comenzara, tenemos el virus propagándose por todas partes. Y vemos un impacto dramático en la vida de las personas, un aumento exacerbado de las desigualdades, economías en situaciones extremadamente difíciles y, por supuesto, los más vulnerables sufren enormemente”, señaló António Guterres, secretario general de la ONU, en  septiembre pasado.

En América Latina, la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 niveles no observados en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, así como un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo de las mujeres, debido a la pandemia de COVID-19 y pese a las medidas de protección social de emergencia que los países han adoptado para frenar la emergencia sanitaria, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Según recientes proyecciones del organismo latinoamericano, como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, que registraría una caída del PIB de -7.7% en 2020, la tasa de pobreza extrema se situó en 12.5% y la tasa de pobreza alcanzó el 33.7% de la población.

La nueva edición del informe anual Panorama Social de América Latina 2020, indica que persisten las brechas entre grupos de población: la pobreza es mayor en áreas rurales entre niñas, niños y adolescentes; indígenas y afrodescendientes, y en la población con menores niveles educativos.

En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó en 2020 que 55.7 millones de personas se ubicaban en situación de pobreza y 10.8 millones en pobreza extrema.

La política social del Gobierno de la Cuarta Transformación es avanzar como sociedad para que todos puedan vivir con bienestar y alcancen mejores condiciones de vida. Para ello se impulsa la construcción de nuevas bases para el bienestar, que se traducen en el incremento sustantivo y progresivo de los derechos sociales mediante la inclusión de los programas de Pensión de Adultos Mayores y de Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, así como el derecho a la salud, en el artículo 4o. Constitucional.

A través de los programas sociales se atiende a la población más vulnerable. El objetivo es combatir las desigualdades y ofrecer acceso al desarrollo nacional y a una vida digna, libre de discriminación o racismo y con perspectiva de género, particularmente para las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes y refugiados, para que gocen a plenitud de todos sus derechos.